Un gobierno en funciones no puede aprobar la ley Sinde
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Ante la previsible aprobación de la polémica “Ley Sinde”, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando
–como hicimos en el Manifiesto de 2 de Diciembre de 2009- nuestra
firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que
afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información
y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.
En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte
esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros.
Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por
EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de
Wikileaks.
En todo caso insistimos en estos razonamientos:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.
Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo
establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un
órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de
Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a
cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,
perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra
economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a
la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.
Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,
que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales
tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas,
modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar
sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe
adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo
de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en
Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían
buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles
y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones
tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas
auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de
negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,
ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el
desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos
una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a
su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio
público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público
y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es
de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos
fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
